FeSMC-UGT aboga por una negociación colectiva sectorial menos fragmentaria

Dentro del marco de las Jornadas Confederales de Acción Sindical y Negociación Colectiva que se están desarrollando en Madrid los días 10, 11 y 12 de noviembre, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT (FeSMC-UGT), ha intervenido en el panel de ponentes denominado “Negociación Colectiva Sectorial: criterios salariales”.

La participación ha corrido a cargo del Secretario de Acción Sindical y Comunicación, Alvaro Vicioso, el cual ha realizado un repaso somero con carácter previo al establecimiento de los criterios salariales que deben seguirse para la negociación colectiva en 2022, de los principales problemas que aquejan al macro sector servicios en el estado.

Se refirió en concreto a la dispersión en la negociación colectiva, la jubilación anticipada por razón de actividad profesional y contrato de relevo, las plataformas digitales y falsos autónomos, así como el teletrabajo.

A modo introductorio, Alvaro Vicioso situó a los y las presentes, la importancia del macro sector de servicios en el país, cuyo valor añadido generado representa el 49,4 % del PIB total de la economía española, por encima del 47,7 % del peor momento de la crisis, pero lejos aún del 51,6 % registrado con anterioridad a la pandemia.

Asimismo, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, muestran una recuperación muy significativa de la ocupación y del empleo. Registraron 10,4 millones de personas ocupadas, el 51,7 % de la ocupación total, alcanzando prácticamente los niveles prepandémicos.

Todos los sectores se van acercando a los niveles de empleo previos a la pandemia, si bien Ferroviario, Financiero, Oficinas y Seguros y Seguridad son los únicos que los han superado, mientras que Marítimo-Portuario y Aéreo son los que aún se mantienen a bastante distancia.

Pero, no olvidemos, indicó Vicioso, que aún 190.718 personas se encuentran en ERTE en nuestro país, de las que el 83,3 % corresponde a nuestra Federación, lo que evidencia que la recuperación todavía no ha llegado plenamente, indicó Alvaro Vicioso.

En concreto, las ramas de Hostelería aglutinan todavía el 33,6 % del total de personas afectadas por ERTE, con casi 64.000, seguidas de las actividades de Comercio, con más de 32.000 personas y un 17 % del total y de las agencias de viajes, con más de 11.000 personas y un 6 % del total.

Pero, estos buenos datos de recuperación de los niveles de empleo vienen acompañados de una mayor precariedad: las tasas de temporalidad se disparan hasta el 24,4 %, llegando a alcanzar el 26,6 % en el caso de las mujeres empleadas. Es decir, a medida que se incrementa el empleo, su calidad empeora porque seguimos instalados en un mercado laboral basado en la precariedad.

Es necesario actuar en la puesta en marcha de las inversiones económicas y sociales que el país necesita para construir un nuevo modelo productivo más eficiente y sostenible y un estado de bienestar más robusto:

  • El sector turístico y su cadena de valor, motor de nuestra economía, deben sustentarse en criterios de calidad, alto valor añadido, sostenibilidad y desestacionalización, apostando por la formación y profesionalización de sus personas trabajadoras, así como por la mejora de sus condiciones laborales.
  • Apostamos por un modelo de comercio sostenible, que busque el equilibrio entre las grandes superficies y el pequeño comercio de proximidad y que respete las condiciones laborales y los derechos de las personas trabajadoras.
  • Necesitamos un sistema financiero estable, bien regulado y supervisado y que garantice su acceso a la ciudadanía, frenando el cierre de oficinas y la exclusión financiera en muchos municipios. Hay que poner fin a los despidos colectivos masivos, que están descapitalizando el sector y mermando su calidad.
  • Es esencial reforzar el papel de la inversión pública en los servicios de transporte público (intermodalidad / corredores ferroviarios atlántico y mediterráneo) y en las infraestructuras de telecomunicaciones, como instrumento reductor de desigualdades territoriales y generador de una actividad económica más estable.
  • Y todo ello sin dejar atrás a los sectores más precarios, como el personal de la cultura, el trabajo doméstico, contact center, limpieza, etc.

Dispersión en la negociación colectiva

El principal problema que adolece la negociación colectiva de nuestra Federación es la gran dispersión que la caracteriza. En la actualidad, negociamos más de 3.000 convenios colectivos, de los que 602 son de carácter sectorial: 85 estatales, 185 autonómicos y 332 provinciales o pluriprovinciales.

Con esta atomización de convenios colectivos provinciales (332) se produce una disparidad de retribuciones y condiciones difícil de conciliar con nuestra estrategia sindical que persigue garantizar la igualdad y la cohesión social, personal y territorial.

Por ello, creemos necesario des atomizar nuestra negociación colectiva, avanzando hacia convenios estatales o autonómicos que homogenicen las condiciones.

Jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional y contrato de relevo

Las excepcionales circunstancias de penosidad y peligrosidad que se producen en un gran número de nuestros sectores y los daños que causa sobre la salud humana conllevan una merma importante en las capacidades psicofísicas de los mismos. Esto imposibilita el desarrollo de una vida laboral prolongada, con el riesgo añadido de elevar exponencialmente la siniestralidad y mortandad de las personas de mayor edad y los riesgos de seguridad frente a terceros.

Por ello, desde hace años llevamos reivindicando a la Sª de Estado de la Seguridad Social la aplicación de la jubilación anticipada por razón de actividad de varios colectivos integrados en sectores de FeSMC-UGT, encontrándonos con el bloqueo constante de los expedientes de solicitud por criterios exclusivamente económicos.

Con motivo del Acuerdo de pensiones, se ha creado un grupo de trabajo para tratar de nuevo la regulación de la jubilación anticipada por razón de actividad y confiamos en que haya llegado la hora de tomarnos en cuenta.

Por otro lado, en 2018 se contempló la recuperación del contrato de relevo vinculado a la jubilación parcial para la industria manufacturera, un instrumento eficaz para la renovación de plantillas y el acceso al mercado laboral de las personas jóvenes.

FeSMC-UGT considera que los motivos que justifican esta modificación normativa son en igual medida aplicables al macro sector servicios, por lo que instamos a su extensión al resto de actividades económicas.

Plataformas digitales y falsos autónomos

Y por fin, tras la incesante acción sindical emprendida por nuestra confederación, llegó la mal denominada “ley rider” para garantizar derechos laborales de este colectivo.

Pero había que dar un paso más allá: los sindicatos más representativos, UGT y CC.OO., decidimos atender la llamada de las plataformas digitales que sí asumieron la nueva normativa para negociar, por primera vez, un convenio colectivo con una plataforma digital de reparto de comida a domicilio (JUST EAT), entrando a organizar laboralmente una actividad referenciada al ALEH.

Por ello, desde FeSMC apostamos por extender de forma urgente el modelo de regulación seguido con las personas trabajadoras en el reparto de mercancías al resto de sectores que también ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital.

Teletrabajo

La nueva normativa sobre teletrabajo no ha sido la panacea, y así lo estamos comprobando.

  • Se está produciendo un empleo abusivo de la excepción covid para inaplicar la ley.
  • Se genera un espacio de conflicto considerable en las empresas donde la RLT de FeSMC-UGT está presente. Y, por tanto, éste es exponencial en las empresas donde no existe RLT.
  • En muy pocas empresas se ha proporcionado equipos a todas las personas teletrabajadoras y se han compensado los gastos; en bastantes solo se han aportado los equipos, pero no se compensan los gastos; y en una gran mayoría, ni equipos ni gastos. Y hasta, se obliga a las personas trabajadoras a firmar contratos en los que renuncian a estos derechos en el futuro.
  • Se han de ofrecer alternativas a quienes deseen teletrabajar y no pueden por dificultades de espacio en su domicilio.
  • En cuanto al ejercicio de derechos sindicales, tenemos dificultades para comunicarnos con las personas teletrabajadoras porque no se les proporcionan correos de empresa y no quieren facilitar sus correos personales amparándose en la Ley de Protección de Datos.
  • Surgen problemas para realizar elecciones sindicales. En este sentido, se nos plantea un debate en el seno de la organización y unas directrices a marcar desde la confederación sobre la posibilidad de realizar elecciones sindicales online.
  • Respecto a la desconexión digital, algunas empresas dan por hecho que la plantilla está disponible 24 horas y muchas personas teletrabajadoras no saben diferenciar entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso.
  • Se está banalizado la prevención de riesgos laborales en el domicilio. Es condición “sine qua non”, para FeSMC-UGT la correcta evaluación de riesgos del puesto de trabajo, con carácter previo a la aceptación del teletrabajo en el domicilio de la persona trabajadora. Y no esa ridícula ‘autoevaluación’ que no hace sino transferir la responsabilidad en la prevención a la persona trabajadora.
  • También el teletrabajo ha generado diferentes trastornos psicológicos ligados al aislamiento y la soledad.
  • Finalmente, nos encontramos con empresas que cierran sus centros y convierten a sus teletrabajadores en falsos autónomos, a los que pagan en función de las horas en las que se encuentran “conectados” para atender las llamadas desde sus domicilios poniendo sus equipos y corriendo con todos los gastos. Se trata de una “uberización” de las relaciones laborales sin precedentes.

Ante esta regulación tan ambigua e insuficiente y los problemas que están surgiendo en la negociación colectiva, creemos necesario un reglamento de desarrollo de la ley que sea más conciso y garantista.

Criterios salariales

La subida salarial de los nuevos convenios colectivos se estanca en el 1,46 % (1,43 % para los convenios del sector servicios), mientras que los precios se incrementan en octubre hasta el 5,5 %, el nivel más alto en 29 años, totalmente desbocado.

Si a esto le unimos que las cláusulas de revisión salarial con efectos retroactivos solo cubren al 7,4 % de las personas trabajadoras (6,1 % en el caso del sector servicios), estamos hablando de una gran pérdida de poder adquisitivo.

Propuestas

Para proteger el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y, el crecimiento de nuestra economía, habrá que reequilibrar la negociación colectiva para que los salarios crezcan de manera acorde al nuevo escenario, así como continuar aumentando el salario mínimo interprofesional (S.M.I.):

  • Analizar la situación de cada sector de forma individualizada, ya que, en función del mismo, los objetivos de cara a la política salarial pueden y deben ser distintos, acordes a la evolución específica de cada actividad sectorial.
  • Apertura de mesas negociadoras para los convenios vigentes, en aquellos convenios en que se pactaron subidas salariales moderadas durante toda la vigencia del convenio como consecuencia de la situación de crisis económica que se vivió.
  • Recuperación de las cláusulas de revisión salarial con efectos retroactivos, ya que es la única vía sindical para intervenir en el mantenimiento del poder adquisitivo. Es prioritaria, su recuperación y extensión al mayor número posible de convenios.
  • Mantenimiento del poder adquisitivo para las personas trabajadoras de las contratas públicas. Para que las empresas adjudicatarias puedan efectuar las actualizaciones salariales previstas legal o convencionalmente, es necesario que se establezca la posibilidad de incrementar los precios durante la vigencia del contrato público. Creemos que es urgente abordar una modificación de la “ley de desindexación” y de su correspondiente referencia en la ley de contratos del sector público.